En Espacio
en Construcción hablamos con Joaquín Deon, geógrafo, que nos contaba que “los
municipios mantienen ordenamientos territoriales, prácticamente desde su
creación, que tienen que ver con las ordenanzas de uso del suelo. En esas
ordenanzas de uso de suelo, particularmente lo que se ha ido direccionando es
la inversión inmobiliaria, la inversión agraria y, en menor medida pero con
igual presencia, la inversión minera. Gran parte de las ordenanzas de uso del suelo de los Municipios han tenido un direccionamiento facilitador de las
inversiones inmobiliarias, mineras (…)A mí no me gusta hablar desde un
posicionamiento de que no hay planificación en torno al uso de la tierra,
porque si bien, pareciera no haberlo, hay una planificación que está
direccionada por el mercado. Entonces, estando direccionada por el mercado, el
uso de suelo está basado en la propiedad privada.”
En el año 2010, la Legislatura de la Provincia de Córdoba, sancionó la ley 9841 (Regulación de los usos del suelo y la puesta en vigencia del “Plan Metropolitano de usos de suelo- primera etapa- que, complementado a la segunda etapa, forman parte del “Plan Vial Director para la Región Metropolitana de Córdoba”). La implementación de la segunda etapa fue sancionada en el año 2011 por la Ley10.004, “que incluye a casi todo el Valle de Punilla, hasta la zona norte de La Falda” nos decía Joaquín.
Solo para los Municipios de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa
Allende y La Calera se prevé el desmonte de 3.000 ha de Zonas Rojas de bosque
nativo, de las cuales aproximadamente 750 ha están dentro de Áreas Protegidas
Municipales. Todo esto fundamentalmente para promover el avance del negocio
inmobiliario y minero.
Joaquín agregó que “son los mismos estados municipales y provincial que
facilitan el avance urbanizatorio, minero y agrario en las áreas de los valles,
del pie de monte y las sierras, los que están decidiendo cómo ordenar esa
planificación de mercado. El IPLAM nace así, nace sobre esa base de decidir en
torno a las cuencas, en torno a los bosques nativos, modificando cualquier
categoría que pueda salir de cualquier otra ley.”
“Las territorialidades
construídas en tejidos comunitarios pueden cambiar este mundo, que cada vez
está más regido por un extractivismo y un negociado(…) Hay que entender que los
medios hegemónicos, que auspician esos espacios tienen que ser debidamente
resistidos desde espacios como éste que llevan adelante las radios
comunitarias, las redes, la Red Farco y muchos espacios en los que se resiste”
finalizaba Joaquín Deon.
Para la Coordinadora
Ambiental y DDHH esta planificación va en contra del Corredor Sierras Chicas. La
ciudadanía pide participación y propone soluciones, que los gobiernos escuchen,
sean transparentes y abran los espacios de construcción de políticas públicas
ambientales.
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